El Periódico recoge que varias entidades del sector inmobiliario –la Associació de Promotors de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Colegio de Api y el Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida- alertan de que el propósito del Gobierno del Estado y también del de Catalunya de aprobar por decreto la limitación del precio del arrendamiento de la vivienda no permitirá que aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad vean aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler como consecuencia de la aprobación de una normativa de estas características.
